Expertos consultados sostienen que disposiciones dadas son
un primer paso, pero no atacan directamente los problema
El último paquete de medidas,
diseñado por el Gobierno y enviado en un proyecto de ley al Congreso, se enfoca
en diversos puntos en el sector construcción y
el negocio inmobiliario. Aunque el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, han resaltado la importancia de estas
iniciativas en la reactivación de la economía nacional, Gustavo Rizo Patrón,
presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú) cree
que aunque son medidas
que pueden generar un punto de inflexión, todavía no son suficientes.
La
propuesta que más ha resaltado el Gobierno es el régimen especial de
depreciación acelerada para edificios y construcciones iniciadas en el 2014,
2015 y 2016, que pasará de 5% a 20% durante esos años. Pero esta norma no
favorece la adquisición de viviendas –como
se esperaría–, pues quienes invierten en estas son familias y no deducen
impuestos. En cambio, sí resulta
positiva para quien compra activos fijos: oficinas, locales
comerciales o plantas industriales.
El tributarista Jorge Picón explica que las empresas que inviertan van a poder
depreciar sus compras en cinco años en lugar de veinte, aunque esto no genera una reducción de impuestos, sino que
posterga el pago. Pero
“la norma es irrelevante para que una persona compre un inmueble, y lo es
también para la inmobiliaria porque no se deduce ni un centavo de lo que se
vende”, opina Picón.
Rizo Patrón añade que al tener las empresas mejores
condiciones para comprar inmuebles se liberará
parte del stock que las inmobiliarias tengan, lo que moverá el sector.
“Pero al desarrollador no le genera un beneficio inmediato, salvo el tener un
comprador más motivado”.
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